El PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC) solicita ante la JEC la retirada de los “mailing” ante las declaraciones del Consejero de Presidencia recomendando, “llevar el voto desde casa”.
Nota de Prensa del PCAS-TC-RC
La coalición PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC) ha solicitado formalmente ante la Junta Electoral Central (JEC) la paralización de la distribución de la propaganda electoral a domicilio de las diferentes formaciones políticas tras las manifestaciones del Consejero de Presidencia de la Junta en las que a los enfermos de COVID les aconsejaba que, “lleven el voto preparado de casa”. Algo imposible para los votantes de las pequeñas formaciones, las cuales no pueden acceder a este tipo de envíos, al no contar con los recursos económicos públicos de los que disponen los grandes partidos.
A juicio del candidato castellanista a la presidencia de la Junta por la coalición PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC), Domingo Hernández Araico, “las manifestaciones de Ibáñez suponen un agravio comparativo entre los grandes partidos y los pequeños, y significa una muestra muy alejada del talante democrático que debiera tener un Consejero de la Junta”.
Los envíos a domicilio de papeletas y propaganda electoral es una práctica muy extendida, pero a la
que sólo pueden acudir las grandes formaciones, pues finalmente el Estado les abona el coste del mismo. La recomendación del Consejero de Presidencia, discrimina a candidaturas como la PCASTC-RC, que a pesar de presentarse en las 9 provincias de Castilla y León, no tiene capacidad para sufragarse un envío masivo de estas característica.
Ante estas circunstancias, y tras las manifestaciones del Consejero, los comuneros creen que lo más
democrático de cara a las votaciones del próximo 13 de febrero, es retirar de la circulación los envíos
de este tipo de propaganda, que incluye papeletas, pues significaría dejar el “juego electoral” exclusivamente en manos de los grandes partidos políticos profesionales, que ya cuentan con el
monopolio casi absoluto de los medios de comunicación, que reciben del erario público todos los
fondos que dedican a las campañas electorales, y que obtienen el 90% de sus gastos de funcionamiento directamente de subvenciones con cargo a los presupuestos generales del estado.