La LOSU vuelve a poner en venta la Universidad
Esta nueva ley de universidades está lejos de ser la ley que estudiantes y profesores necesitan, vuelve a poner en venta la Universidad. Con parches, no deja de ser una continuación de lo que el plan Bolonia intentó en su día: la universidad al servicio de los fondos privados. Como ya hizo el plan Bolonia en su día, ha conseguido unir al conjunto de la comunidad educativa en contra. El año pasado vimos masivas movilizaciones contra la reforma universitaria que quería llevar adelante Castells. Un año después, tras mandar la LOSU a Septiembre y conseguir la destitución de Castells. Su sucesor, Joan Subirats presenta un proyecto de ley que mejora algunas cosas, pero está lejos de que contará con la aprobación de la comunidad educativa. Aún así, la ley se aprobó por la puerta de atras, ¿porque tanta prisa con aprobar está ley?. La respuesta está en que es una imposición de Bruselas, una exigencia que nos hacen fruto de haber recibido las ayudas europeas para hacer frente a la COVID-19.
Si ponemos la LOSU a examen lo que vemos es una ley que intenta lo que el plan Bolonia no consiguió: privatizar la universidad. Las empresas privados se introducirán con más fuerza en las universidades. Si en los últimos años el Banco Santander había “invertido” 1.600 millones en la educación española. Ahora podrá invertir más todavía teniendo más poder de decisión en la educación a golpe de talonario. Y no olvidemos que los aspectos positivos que tiene esta ley son añadidos a posteriori fruto de las movilizaciones del año pasado, la ley que proponía Castells ni siquiera las contemplaba. Si cuando se intento poner en marcha el plan Bolonia encontramos una fuerte resistencia por parte de la comunidad educativa, es previsible que próximamente haya manifestaciones. Ya que tanto estudiantes como profesores confluyen en una misma cuestión: La LOSU no es suficiente.
Solo podemos aspirar a otro tipo de educación, partiendo de la unión del conjunto de la comunidad educativa. Por ello lo primero es promover a nivel interno los organismos necesarios para que dentro de la universidad estén representados de forma equitativa los diferentes sectores de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, auxiliares…). Por otro lado hay que redistribuir la riqueza: invertir los recursos necesarios para promover la contratación del profesorados, la compra de equipos e instalaciones a la vez que se facilita el acceso a la universidad (tasas reducidas, un sistema de becas menos excluyentes…). Para poder llevar adelante todo este proyecto es vital defender la soberanía nacional, no podemos aspirar a un proyecto educativo diferente si estamos sujetos a los mandatos y chantajes de Bruselas. La universidad debe de estar al servicio del pueblo, no puede ser un mercado donde los fondos privados hacen y deshacen por interés económico.